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Martes, 11 Noviembre 2014 20:40

AEROLÍNEAS ARGENTINAS Rescate - Intervención Dr. Alejandro Nieva en el Congreso de la Nación

Intervención del Dr. Alejandro Nieva en la sesión del Congreso de la Nación en el tratamiento del RESCATE DE LAS EMPRESAS AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. Y AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS - CIELOS DEL SUR S.A. 

"   SR. PRESIDENTE FELLNER.- Para referirse al dictamen de minoría, tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

SR. NIEVA, ALEJANDRO MARIO.- Señor presidente: nuevamente llega a este recinto del Congreso -un Congreso que en los 90 lamentablemente aprobó un proceso de privatizaciones en el que estaba nuestra aerolínea de bandera-, este tema sumamente importante.
Hablamos de un Congreso dominado por una fuerte mayoría justicialista, que convalidó diversas modificaciones que implicaron la pérdida de la acción de oro y el aumento del capital en perjuicio de los trabajadores y del propio Estado.

Luego pasamos por la crisis de 2001, cuando el Congreso también tuvo participación, pero en este caso con la intervención de todos los bloques. Así se exigió al gobierno español que saneara la compañía y diese una salida, surgiendo el convenio de 2001, donde se logra que España aporte 758 millones de dólares para el saneamiento de la compañía, la que se vende a Marsans.

Más adelante, la Cámara de Diputados y la Comisión de Transportes expresaron su preocupación por la situación de Aerolíneas. Hemos recibido a los sindicatos y planteado muchas veces la necesidad de la presencia del secretario de Transporte, que recién vino ahora, trayéndonos un presente griego. Me refiero a una caja de Pandora, que es el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

En los fundamentos del proyecto de ley figura un relato imperdible de los incumplimientos, de los fraudes y hasta de las actitudes delictuosas de Marsans. Creo que los fundamentos del proyecto de ley también darían pie para hacer una denuncia penal en contra de Marsans.

Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis: la situación era conocida por el gobierno y por el secretario de Transporte, como lo dijo en la comisión. Lamentablemente, el secretario de Transporte no le avisó al jefe de campaña de la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que no recibiera el aporte de más de 300 mil pesos -no recuerdo bien el importe exacto- que hiciera la empresa Marsans a su campaña presidencial. Deberían revisar el tema de los aportes de campaña, porque por allí aparecen algunos problemas.

Finalmente, ha llegado este proyecto. Desde la oposición observamos que en la bancada Justicialista se han hecho esfuerzos para corregir algunas cuestiones que se evidenciaban como problemáticas. Sin embargo, a nuestro entender, no resuelven el fondo de la cuestión.
Con Aerolíneas Argentinas se ha cometido una estafa, en la que hay varios involucrados. Cuando en 2001 Aerolíneas y Austral se venden a Marsans, la operación se hace por un dólar; es decir que la empresa es adquirida por el precio simbólico de un dólar y un aporte de 758 millones de dólares del

Estado español, de los cuales 300 debían aplicarse a la cancelación de pasivos, pues Aerolíneas se había presentado en convocatoria de acreedores. Todavía hay un concurso preventivo abierto.

La aprobación que hizo el Consejo de Ministros del acuerdo que debía firma la SEPI -Sociedad Estatal de Participaciones Industriales- con Marsans autorizaba a utilizar 300 millones de dólares para la cancelación de pasivos y 248 millones de dólares para un plan industrial que comprendía la incorporación de 23 aviones nuevos a la flota, lo que debía cumplirse hasta el año 2004. 

También había otras obligaciones, como la ampliación de rutas, una nueva presencia en el mercado internacional de la empresa y la garantía de la fuente laboral. Además, se contemplaba un importe adicional de 200 millones de dólares.

Lamentablemente, no se controló lo que se hacía con esos recursos, y con esos 300 millones de dólares se realizó una maniobra fraudulenta. En lugar de cancelar los pasivos, los señores de Marsans, a través de diversas figuras, en algún caso a través de una compañía de fantasía, se compraron los créditos y se pagó el total de la deuda con algunos bancos, como el AMRO Bank, BBVA, Citibank, y también se canceló la deuda con Repsol-YPF por 57 millones de dólares. Pero el tema es que en lugar de cancelar el resto de las deudas, Marsans se subrogó en los derechos como acreedora de su propio concurso. 

De ese modo, al contar con mayoría suficiente manejó a voluntad el concurso y logró un acuerdo extraordinario: se aplicaba una quita del 60 por ciento y por el resto se hacían pagos en cuotas. 

En ese acuerdo se violó el principio de igualdad ante los acreedores y, además, se realizó una maniobra por la cual los fondos que debían aplicarse a la cancelación de deudas, Marsans los capitalizó como recursos y efectuó un aumento de capital en perjuicio de los trabajadores y del Estado nacional. Esta es la primera defraudación que registramos en Aerolíneas Argentinas.

Existen actuaciones en los tribunales de España que dan cuenta de los desvíos que se registraron en el acuerdo original firmado entre la SEPI y Marsans. Esto provocó que la SEPI hiciera observaciones y realizara algún tipo de reclamo por la falta de cumplimiento del acuerdo. 

Además, esa situación dio lugar a la presentación de dos denuncias penales, que fueron radicadas en el juzgado 35 de Madrid. En esas denuncias también se ventilan los fraudes fiscales en perjuicio del gobierno de España por declaraciones y balances falsos.

Gracias al trabajo llevado a cabo en nuestro país por algunos de los gremios de Aerolíneas Argentinas y por algunas personas que han seguido esta problemática, el gobierno de la Nación impugnó los balances correspondientes a los ejercicios de los años 2002, 2003 y 2004; incluso, se hizo una denuncia penal. 

Ese tendría que haber sido el camino a seguir, es decir, el seguimiento de los incumplimientos para evitar llegar a esta situación, pero lamentablemente no fue el que se transitó. Tengamos en cuenta que el señor secretario de Transporte de la Nación, el ingeniero Ricardo Jaime, fue director de la compañía en representación del Estado durante casi un año, entre 2003 y 2004. Ese fue el período en el que se produjeron los incumplimientos más graves, que finalmente llevaron a Aerolíneas Argentinas a una situación de quiebra. En aquel momento debieron incorporarse a la flota los aviones que nunca llegaron; en aquel momento había que vigilar que se cumpliera acabadamente con las inversiones para que Aerolíneas Argentinas saliera de la situación de crisis por la que atravesaba. 

Sin embargo, nos encontramos con que por lo menos hubo ausencia del gobierno nacional. No hubo una política para seguir esa situación; más bien, hubo una política errática, toda vez que en 2006 el ex presidente Kirchner viajó a España y luego de ese viaje nos enteramos de una suerte de amnistía o perdón hacia la empresa Marsans. Digo esto porque a través de un convenio que establecía una recuperación de acciones de Aerolíneas Argentinas por parte del Estado nacional, también tomamos conocimiento de esa suerte de perdón, porque se levantaban las impugnaciones a los balances falsos y además se aprobaba el balance correspondiente al año 2005. 
Para nosotros ese fue un grave error. Además, esa actitud se contradice con lo que expresa el mensaje elevado por el Poder Ejecutivo a este Congreso.

En nuestra opinión tendría que haber existido una política de control más enérgica, que lamentablemente no fue la que se aplicó. 
Paralelamente a eso existieron otros problemas, como el de la crisis aerocomercial, que no se reflejó en decisiones y políticas concretas. Todo esto nos lleva a la situación en que nos encontramos: empieza a faltar el dinero, los recursos y, como decía la señora presidenta de la comisión, disminuye el número de aviones en servicio. En nuestro propio aeropuerto de Jujuy hay todavía dos aviones esperando reparaciones, y lo mismo sucede en muchos otros aeropuertos del país.

Finalmente, se llegó al punto en que durante un mes no se pagaron los sueldos, y otra vez tuvo que salir el Estado nacional asegurando el servicio. 
Estamos absolutamente contestes en que hay que garantizar la existencia de una línea aérea de bandera que preste un servicio de cabotaje, imprescindible para unir a nuestro país en toda su extensión, y consideramos que esa empresa es Aerolíneas Argentinas, que cubre el 80 por ciento del cabotaje en la Argentina. 

También estamos absolutamente contestes en que se debe preservar la fuente laboral, que es el capital más valioso que tiene Aerolíneas Argentinas: la profesionalidad y la capacitación de sus trabajadores.

Me parece que este ha sido el ánimo y el convencimiento de todos los legisladores. No he visto a nadie plantear algo diferente.
Lamentablemente, en este proyecto observamos que la decisión, traducida en una negociación improvisada celebrada por el señor secretario Jaime, consiste en una compra sin ningún tipo de condicionamientos, y además establece cláusulas realmente perjudiciales para el interés público.

En esa acta acuerdo, firmada en julio de este año, se dispone lisa y llanamente la compra de Aerolíneas Argentinas, lo que para los argentinos implica hacernos cargo de la empresa tal como está, es decir, con una deuda de cerca de novecientos millones de dólares. Pero el problema no está sólo en los novecientos millones de dólares; se trata también de que no sabemos qué hay adentro. Digo esto porque, por ejemplo, no existe el balance del año 2007. 

El gobierno y nosotros, los diputados, a través de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, solicitamos a la Auditoría General de la Nación que se hiciera una auditoría en la empresa Aerolíneas Argentinas. Y parece que se manejaba como un almacén, con vales de caja, y no tenían detalles de los pasajes vendidos al 17 de julio. Como ustedes saben, en los balances de corte hay que ir a la compañía para comprobar cuántos pasajes hay vendidos, cuánto dinero se tiene en caja, dónde están los depósitos, cuáles son los créditos, etcétera. La auditoría todavía está juntando papeles y no va a poder conocer y hacernos conocer la situación de la empresa. 

Hubiese sido bueno que este Congreso, que está por tomar la decisión de comprar una compañía, sepa de qué se trata. Pero desconocemos esto; no sabemos qué hay adentro; no hay balance. Y la Auditoría General de la Nación no va a poder tener listo ese balance en menos de dos meses. Es decir, hay un desorden mayúsculo, fantástico en esa compañía.

Sin embargo, el problema es esa acta acuerdo, y ustedes lo han comprendido. Han entendido que era muy difícil de justificar, y por eso han tomado una decisión, aunque para nosotros es insuficiente. Otros legítimamente podrán considerar que es suficiente haber eliminado del proyecto toda mención al acta acuerdo firmada por Jaime. Pero, repito, para nosotros no lo es por lo siguiente: en el artículo 1° se expresa una decisión de comprar y, como todos sabemos, la compraventa es un acuerdo de voluntades. El principio del acuerdo de voluntades está en esa acta. Por eso, desde la oposición solicitamos la derogación y el rechazo expreso a aquella acta. 

SR. PRESIDENTE FELLNER.- Señor diputado: le recuerdo que usted comparte su tiempo con la señora diputada Quiroz.


SR. NIEVA, ALEJANDRO MARIO.- Ya termino, señor presidente; debemos tener cierta elasticidad. 
Si esa acta no se deroga, si no se le recomienda al Poder Ejecutivo que cambie el acuerdo realizado, lamentablemente va a haber un derecho para el grupo Marsans, más allá de lo que diga la ley.

¿Cuál es el problema? El problema central, que no se corrige -que entre otros señores legisladores inclusive fue planteado ayer por el señor diputado Lozano-, es el sistema de valuación de flujo de fondos que se establece en aquel acuerdo. Todo el esfuerzo que hace el Estado nacional reparando aviones, poniéndole valor a la compañía, logrando el acuerdo de paz social con los subsidios al combustible, va a significar que se pueda dibujar un número, más allá del desacuerdo que pueda haber entre los valuadores que pongan las partes. Es decir que podrá existir un dibujo que dé a los valuadores de Marsans un crédito a cobrar por sus acciones que no valen un peso. Cuando ellos le vendieron la compañía al Estado español se descartó el sistema de flujo de fondos y se estableció el valor de liquidación, que es lo que tendría que haberse convenido con Marsans. 

Hay que reclamar al Estado español. Todavía existe dinero disponible en la SEPI para las contingencias de un convenio que no se cumplió adecuadamente. Esas son las líneas que se pueden explorar y que no se exploraron.

Nosotros creemos que hay otras alternativas, otras salidas que pueden lograr el mismo objetivo: preservar la compañía, los servicios y la fuente laboral. (Aplausos.)   "

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